Posts filed under ‘POLITICA ECONOMICA’

LA UTILIDAD DE LA HUELGA GENERAL

 Juan Torres López, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Sevilla, titulado “La utilidad de la huelga general”.   Torres López desmonta uno a uno todos los argumentos que desde las instituciones, la patronal y los mass media se están lanzando para desactivar el impacto de una convocatoria, que debe ser mayoritaria si aspiramos realmente a “tumbar” la reforma laboral y a modificar la política socio-económica del presidente Zapatero.   

La utilidad de la huelga general

Publicado en Sistema Digital el 23 de septiembre de 2010Desde el mismo momento en que los sindicatos convocaron la huelga general del 29 de septiembre, los medios de comunicación, los periodistas y dirigentes de derechas, los economistas liberales… comenzaron a decir que no había razones para la convocarla pero a medida que se han ido explicándolas lo cierto es que han tenido que cambiar de discurso. Cuando ya se ha hablado con docenas de miles de trabajadores sobre la reforma laboral y mucha más gente sabe de verdad en qué consiste, no resulta tan convincente seguir diciendo que no hay razones para convocar una protesta contra ella.Un conocido catedrático de Ciencia Política, Fernando Vallespín, reconocía hace unos días que la huelga tiene “una gran capacidad expresiva, ¡qué duda cabe!, e incluso puede ser bienvenida como muestra del rechazo a quienes nos hacen tragar con medidas injustas” (El País, 17-09-2010). Pero que “al día siguiente, sin embargo, todo seguirá igual”.Esa es la nueva manera de desactivar la huelga, decirle a los trabajadores y trabajadoras españoles que no vale la pena hacerla porque no va a servir para nada. (más…)

septiembre 25, 2010 at 10:55 am Deja un comentario

HAY MOTIVOS,HAY HUELGA GENERAL

AQUI TIENES EL ENLACE PARA FIRMAR EL MANIFIESTO DE LA HUELGA GENERAL. 
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fhaymotivoshayhuelgageneral.blogspot.com%2F&h=45d95
Ante las medidas de abierto perfil antisocial que el Gobierno español aprobará en el Consejo de Ministros del próximo viernes 21 de mayo, los/as trabajadores/as de toda clase que vamos a ver recortados nuestros derechos laborales hacemos un llamamiento a la sociedad española en su conjunto para que transforme su descontento con estas medidas en una respuesta contundente al Gobierno en forma de huelga general, para la que consideramos que existen motivos más que suficientes:

– el derecho al trabajo, recogido en la Constitución española, está siendo negado actualmente a un número total de 5.558.111 personas (datos del mes de abril del Ministerio de Trabajo);

– ninguna de las medidas impuestas por el Gobierno español van encaminadas a la creación de empleo ni a la mejora de las condiciones laborales de las/os trabajadoras/es;

– la drástica reducción en la oferta de empleo público no obedece a ningún objetivo de convergencia europea, pues el porcentaje de empleo público en el Estado español es del 9,5%, tan sólo superior al de Austria, Italia y Portugal, y muy por debajo del 21% de Suecia;

– la disminución de un 5% este año, y la posterior congelación, del sueldo de los funcionarios incumple unilateralmente el Acuerdo para la Función Pública 2010-2012, firmado por el Gobierno y los sindicatos UGT, CC.OO. y CSI-CSIF que contempla una subida salarial del 0,3% y el mantenimiento del poder adquisitivo en 2012;

– el índice de población en riesgo de pobreza es del 20%, tan sólo por detrás de Letonia, según el informe de Protección e Integración Social, publicado en 2009 por la Comisión Europea con datos de 2007;

– la congelación de las pensiones contributivas incumple los acuerdos del Pacto de Toledo, que obligan al Gobierno a tomar cualquier tipo de medida sobre las mismas mediante consenso;

Además de lo expuesto anteriormente, el ‘esfuerzo nacional’ al que nos llama el Gobierno es soportado sólo por la clase trabajadora del Estado español, mientras a las clases adineradas, que también forman parte de este país, no se les exige ningún sacrificio: ni recuperación del impuesto del patrimonio, ni mayor gravación fiscal para las SICAVs, etc.

Por último, la eliminación de algunas prestaciones como el denominado ‘cheque bebé’ no tiene en cuenta el nivel de renta de los/as beneficiarios/as, a lo que hay que unir la ya próxima subida del IVA que también afectará a todas/os las/os ciudadanas/os independientemente de su situación económica.

La mayoría social de este país no puede seguir siendo la mayoría silenciosa que pague un precio muy alto por una salida de derechas a esta crisis. De ella o salimos todas/os sin recortes de derechos o no saldrá nadie.

Por una salida social a la crisis, contra un recorte del déficit que se traduce en un recorte de los derechos laborales y sociales recogidos en la Constitución. Por todo ello,

“Hay motivos, hay huelga general”

mayo 12, 2010 at 11:18 pm Deja un comentario

ANTE LA OFENSIVA NEOLIBERAL DEL PSOE

Parece que entramos en una nueva fase de la crisis, con la nueva ofensiva neoliberal del gobierno de ZP. Con el objetivo de controlar el gasto público y reducir la deuda estatal, se barajan medidas como el llamado ‘Plan de Ajuste’ (recorte del gasto público de 50.000 millones de euros en los próximos 3 años) y el aumento de la edad de jubilación a los 67 años. En definitiva: nuevos ataques a la clase trabajadora, que no harán otra cosa que empeorar aún más las consecuencias sociales de la crisis. Por lo pronto, el gobierno ha recortado el gasto público en 5.000 millones de euros, que se suman a los 8.000 millones de reducción del gasto aprobados hace tan sólo un mes en los Presupuestos Generales del 2010.

En menos de un mes, el ingenuo optimismo de ZP proclamando que la economía del Estado español recuperaría pronto la senda del crecimiento ha dado paso a un estado de alarma. El giro de timón del PSOE muestra la improvisación y las contradicciones de un gobierno que no duda en priorizar la contención del déficit público ante la lucha contra el desempleo, con tal de cumplir con las exigencias de la Unión Europea.

La reforma del sistema de pensiones se justifica diciendo que las pensiones públicas están en peligro grave de quebrar en el futuro y que mantenerlas supone actuar hoy. Pero la inviabilidad del sistema de pensiones es una falacia; es un problema creado artificialmente, aprovechando el argumento de la presión demográfica. Se obvia que hay muchas otras soluciones al mismo, además de retrasar la edad de jubilación y aumentar los años de cómputo para las pensiones.

La inusitada prisa por plantear en este momento estas políticas se explica por las presiones internacionales; el profundo temor de la sociedad frente a la situación actual del empleo, la actividad económica y el crédito; y las escasas y débiles protestas de la clase trabajadora que están apareciendo hasta la fecha. Si parece que las clases populares lo aguantan todo –hace muy poco ZP agradecía a los trabajadores su “sentido de la responsabilidad” frente a la crisis–, ¿por qué no probar a instaurar políticas duras y muy poco populares? Además, pueden servir de globo sonda para ver hasta dónde se podrá llegar con la reforma laboral.

No podemos quedarnos de brazos cruzados ante la ofensiva del PSOE. Mientras ZP cultiva la simpatía de algunos de sus mayores detractores (la patronal, el Banco de España, los organismos internacionales…) a costa de los y las trabajadoras, es hora de ir sumando fuerzas a la izquierda del PSOE para que sea nuestro discurso el que escuche esa gente desencantada con el “talante” de ZP, y no el del PP. Debemos exigir que se apliquen políticas para la protección y creación de empleo, incluyendo la prohibición por ley de los despidos; una reforma fiscal que grave más a los ricos y a los beneficios empresariales; protección y aumento de las pensiones según criterios de clase; adelanto de la edad de jubilación de forma voluntaria; retraso de la edad de jubilación sólo para las rentas más altas; aumento del gasto público para incrementar la incorporación de la mujer al mercado laboral y para incentivar la natalidad entre la clase trabajadora; y regularización sin condiciones para todos y todas las inmigrantes.

febrero 7, 2010 at 10:43 pm Deja un comentario

RECORTES DE PENSIONES DE LOS DIPUTADOS Y ALTOS CARGOS

Y por qué no se recortan la pensión los diputados y los altos cargos

2 Febrero 10 – Madrid – E. L. Palomera / R. Carvajal

Un diputado con sólo once años de actividad tiene derecho a la pensión máxima que otorga el Estado.

Si usted nunca ha sido alto cargo de un Gobierno, ni ha formado parte de una lista electoral, piénselo, quizá aún esté a tiempo. Es como para pensarlo en estos tiempos en los que el Ejecutivo ha propuesto aumentar la edad de jubilación hasta los 67 años. Y es que la reforma no afecta, de momento, al sistema que rige para los parlamentarios y altos cargos, que además de estarles permitido el cobro de varias pensiones de forma simultánea, no tienen que cotizar, como el resto de los mortales, sus últimos 15 años de vida laboral por el máximo de la base reguladora para cobrar la pensión más alta del Estado. ¿No lo sabía? Pues, lea.
En lo que compete al llamado sistema de protección social y de pensiones parlamentarias no hay fisuras. El modelo se aprobó por unanimidad sin que ningún grupo pusiera objeción. Claro, se dijo entonces que la regulación de las pensiones parlamentarias era para «situar a los parlamentarios en un nivel equiparable a la media de los países de nuestro entorno», como si los salarios de los españoles fueran equiparables a los de nuestros países vecinos. También se alegó la necesidad de que un diputado o senador pudiese alcanzar el límite máximo de pensiones de la Seguridad Social.

El caso es que un parlamentario no está obligado a cotizar 20 o 30 años para ser beneficiario de una pensión. Basta con que haya estado sentado en el escaño 7 años. Con este tiempo ya tiene derecho a cobrar una pensión siempre que haya cumplido los 65, obtenido una jubilación anticipada con 60 o una declaración de invalidez permanente. Aunque no alcancen el máximo de percepción de pensiones públicas, el Congreso o el Senado abona la diferencia.

Si el diputado o senador ha estado entre siete y nueve años de mandato, le corresponde el 80% de la pensión máxima mientras que si ha ejercido la actividad parlamentaria entre nueve y once años, recibirá el 90% de la máxima. Si ha estado más de once años de mandato, tendrá derecho al 100% de la pensión máxima.

Además, el diputado o senador que en el momento de su cese  haya cumplido 55 años, no tiene por qué trabajar nunca más, pues la Cámara seguirá pagando su  Seguridad Social hasta completar el periodo de cotización necesario para causar el derecho a la pensión de jubilación.

Pero no sólo de pensiones viven los diputados. Tienen además derecho a un finiquito cuando
dejan de serlo. Y es que los que causan baja por disolución de las Cámaras perciben una «indemnización de transición» en un pago equivalente a una mensualidad de la asignación constitucional –entre 3.800 y 5.200 euros al mes– por cada año de mandato parlamentario y hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. Por si fuera poco, las Cortes pagan a sus diputados y senadores un plan de previsión social que corresponde al 10% de su asignación.
Privilegios que nadie ha dicho, hasta ahora, que vayan a revisarse. Lo más que pudimos escuchar ayer, y con poco entusiasmo, fue una declaración de José Blanco, que se mostró abierto a cualquier revisión que «garantice más equidad». Idéntica pasión puso Soraya Sáenz de Santamaría, que no dijo ni sí ni no. No es lo mismo predicar, que dar trigo, claro.


Campaña sindical contra el «pensionazo»

El Gobierno, con la vicepresidenta primera a la cabeza, siguió ayer defendiendo su propuesta de reforma de las pensiones, contra la que los sindicatos Comisiones Obreras y UGT van a comenzar, de manera inmediata, una campaña informativa de rechazo a que la edad de jubilación se incremente en dos años, hasta los 67.
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pidió que se hable del «mañana» de las pensiones, y no del presente, porque está «garantizado».

El debate sobre la reforma de las pensiones


Tomás Burgos / PP

El portavoz del Partido Popular en la Comisión del Pacto de Toledo, Tomás Burgos, confió ayer en alcanzar un acuerdo entre todos los partidos sobre la reforma de la Seguridad Social en el marco del Pacto de Toledo, siempre que el Gobierno retire su propuesta de retrasar dos años la edad legal de jubilación, hasta los 67. En un acto organizado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (Apie), Burgos señaló que la propuesta del PP va dirigida a alargar la edad de jubilación de forma voluntaria mediante incentivos.


Isabel López i Chamosa / PSOE

La portavoz socialista en el Pacto de Toledo, Isabel López i Chamosa, recordó ayer que el Pacto de Toledo «significa consenso» y por lo tanto se aprobarán aquellas medidas «que se puedan consensuar» entre todos los partidos políticos.  «No nos preocupa la Seguridad Social; tampoco las pensiones de hoy, porque están garantizadas. Pero sí nos preocupan las pensiones de los que hoy tienen 20 años», señaló la diputada socialista. Pero el objetivo es que cualquier reforma se haga por «unanimidad» y «estamos abiertos» a las propuestas de cualquier grupo.


Gaspar Llamazares / IU

Para el diputado de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, son necesarias las reformas pero «sin alarmismos, ni recortes injustificados». En el encuentro organizado por la Apie, Llamazares sostuvo que no existe «ninguna justificación para un ataque tan duro» al sistema de pensiones. «Hemos pasado del Pacto de Toledo al “pensionazo” de Davos» lamentó el diputado de IU. Llamazares también se mostró contrario a  alargar la edad de jubilación. «O se retira esta propuesta o se impide la negociación y el acuerdo en el Pacto de Toledo».


Josep Sánchez Llibre / CiU

El portavoz de economía de CiU en el Congreso, Josep Sánchez Llibre, calificó ayer la propuesta sobre pensiones formulada por el Gobiero de «frívola, precipitada, improvisada y contradictoria». Según Sánchez Llibre, el Gobierno ha lanzado «fuegos artificiales» de cara a la galería y a la Unión Europea. CiU se mostró contraria a alargar la edad de jubilación de forma obligatoria. Propone, en cambio, primar más los periodos de cotización que la edad de jubilación. Aún así Llibre, al igual que Burgos y Llamazares, confía en alcanzar un acuerdo.

febrero 7, 2010 at 12:51 am 3 comentarios

UNA VEZ MAS,LAS PENSIONES

VICENÇ NAVARRO

Una vez más estamos viendo una avalancha liberal alarmando a la población diciéndole que el sistema de pensiones no es sostenible y tiene que sufrir cambios profundos que significan, todos ellos, una disminución de las pensiones. Entre estos cambios se incluye el retraso obligatorio de la edad de jubilación de 65 a 67 años. La mayor justificación para esta medida es que la esperanza de vida de la población española ha crecido cuatro años en el periodo 1980-2005, pasando de 76 a 80 años. Por lo tanto, los pensionistas están gozando de sus pensiones cuatro años más ahora que hace 25 años, lo cual –se nos dice– hará insostenible el sistema de pensiones al aumentar el periodo de beneficio cuatro años más cada 25.

El problema con este argumento es que es erróneo, pues ignora cómo se calcula la esperanza de vida. Supongamos que España tuviera sólo dos habitantes: Pepito, que muere al nacer, y la señora García, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de España lsería (0+80)/2=40 años. Supongamos que en un país vecino hubiera también dos ciudadanos: Juanito, que tiene 20 años, y la señora Pérez, que tiene 80 años. La esperanza de vida promedio de este segundo país es (20+80)/2=50 años. El hecho de que este país tenga diez años más como promedio en su esperanza de vida que España no quiere decir (como constantemente se dice) que la señora Pérez viva diez años más que la señora García. Lo que ocurre es que Juanito vive 20 años más que Pepito. Y esto es lo que ha ocurrido en España (y en Europa). El enorme descenso de la mortalidad infantil y la mortalidad de los grupos etarios más jóvenes ha sido la mayor causa del aumento de la esperanza de vida promedio. Ni que decir tiene que la población anciana vive ahora más que hace 20 años. Pero no los famosos cuatro años que constantemente se citan. Se está exagerando (deliberadamente, en muchas ocasiones) el aumento de la longevidad (años de vida) de la ciudadanía para justificar la reducción de las pensiones.

Por otra parte, este aumento de años de vida varía considerablemente según la clase social de la persona. España es uno de los países con mayores desigualdades sociales en el mundo desarrollado. En nuestro país hay un gradiente muy marcado de mortalidad según la clase social. Exigirle, por lo tanto, a la mujer de la limpieza de la universidad (cuyo nivel de salud a los 65 años es igual al que tiene el catedrático emérito a los 75 años) que trabaje dos años más para pagar la pensión a este último es una profunda injusticia. Pero esto es, precisamente, lo que están proponiendo los que piden que se aplace obligatoriamente la edad de jubilación. Proponen que las clases menos pudientes (que vivirán menos años) trabajen más para pagar las pensiones de las clases más pudientes, que les sobrevivirán muchos más años.

Otro argumento que se utiliza para argumentar la insostenibilidad de las pensiones es que la juventud se incorpora más tarde al mercado de trabajo (antes a los 18 años, ahora a los 24) y las personas de edad avanzada se jubilan antes, con lo cual hay menos trabajadores con cuyas cotizaciones se pueda sostener a los pensionistas. Tal argumento ignora tres hechos. Uno es que la prejubiliación es algo corregible. En España las prejubilaciones se están utilizando para ayudar a los empresarios que quieren despedir a sus trabajadores de mayor edad. Esta situación debería prohibirse, como ya ocurre en varios países europeos. Si un empresario quiere disminuir su fuerza de trabajo y jubilar a sus trabajadores, debería ser la empresa la que absorbiera estos costes en su totalidad.

Otro hecho que aquel argumento ignora es que el retraso de entrada en el mercado de trabajo por parte de los jóvenes se debe a que la mayoría están educándose, adquiriendo mayor conocimiento, con lo cual, una vez se integren en el mercado de trabajo, tendrán mayor productividad, conseguirán mayores salarios y aportarán, por lo tanto, mayores cotizaciones sociales.

Lo cual me lleva al tercer hecho que aquel argumento ignora: el impacto del crecimiento de la productividad en la riqueza del país y, por lo tanto, en los recursos disponibles para pensionistas y no pensionistas. Constantemente se dice que el número de trabajadores cotizantes por pensionista será menor, derivándose de este hecho que las pensiones no se podrán pagar. Ahora bien, decir que habrá pocos trabajadores para sostener las pensiones es similar al argumento que pudiera haberse dicho hace 30 años cuando el 30% de la población trabajadora sostenía la agricultura del país. El descenso del número de trabajadores en agricultura (hoy es sólo el 4%) no quiere decir que haya disminuido la producción de alimentos, al contrario, ha aumentado la productividad enormemente. Con menos trabajadores se produce más alimento. Pues bien, sustituyan la palabra agricultura y pongan pensiones. El aumento inevitable de la productividad de un número menor de trabajadores puede sostener e incluso expandir las pensiones sin ningún problema. La ignorancia de este hecho lleva constantemente a errores mayores, como ocurre en el informe del Gobierno sobre las pensiones. Este comienza con una nota que intenta ser de alarma. Dice que hay 8 millones de pensionistas en 2010 y habrá 15 en 2040, de lo cual deduce (sin indicar por qué) que tenemos un problema grave. Pero ignora que en 2040 el PIB de España habrá crecido y será, como mínimo, más de siete veces el existente hoy. Se olvida con excesiva frecuencia que España consumía hace 40 años el 4% del PIB en pensiones y ahora más del doble, el 8,6%, y ello no ha supuesto que los no pensionistas tengan menos recursos. Todo lo contrario, tienen más, pues el tamaño de la tarta (el PIB) es 17 veces mayor.

Una última observación. La viabilidad de las pensiones no es un tema demográfico ni tampoco económico. Es única y exclusivamente político. La enorme popularidad (entre todos los grupos etarios) del sistema de pensiones público hace que la sociedad siempre pueda encontrar cómo conseguir los recursos, bien a través de las cotizaciones sociales, bien a través de los impuestos generales, para financiarlas.

Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy en The Johns Hopkins University

febrero 4, 2010 at 12:13 pm 1 comentario


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